Esta ley regula las actividades de las empresas de seguridad privada en el país y establece los lineamientos para garantizar su adecuado funcionamiento y contribuir a la seguridad ciudadana. A continuación, se presentan los pilares clave de esta ley:

1. Regulación y autorización: La Ley 28879 establece un marco regulatorio claro para las empresas de seguridad privada en el Perú. Para operar legalmente, estas empresas deben obtener una autorización previa de la autoridad competente, que garantiza que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.
2. Control y supervisión: La ley establece mecanismos de control y supervisión por parte de las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones por parte de las empresas de seguridad privada. Esto incluye la realización de inspecciones periódicas y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
3. Formación y capacitación: La ley establece requisitos mínimos de formación y capacitación para el personal de seguridad privada, incluyendo aspectos técnicos, legales y éticos. Esto garantiza que los trabajadores estén debidamente preparados para desempeñar sus funciones de manera efectiva y profesional.
4. Uso adecuado de la fuerza: La ley establece que el personal de seguridad privada solo puede hacer uso de la fuerza en casos excepcionales y de acuerdo con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y gradualidad. Se prohíbe el uso de la fuerza de manera arbitraria o desproporcionada.
5. Protección de datos y privacidad: La ley establece disposiciones para proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos que puedan ser recopilados o procesados ​​por las empresas de seguridad privada en el ejercicio de sus funciones. Se establecen medidas para garantizar el adecuado tratamiento y protección de esta información.
6. Colaboración con las autoridades públicas: La ley fomenta la colaboración y coordinación entre las empresas de seguridad privada y las autoridades públicas responsables de la seguridad ciudadana. Se establecen mecanismos para facilitar el intercambio de información y la realización de acciones conjuntas para prevenir y combatir la delincuencia.

Estos pilares son fundamentales para garantizar que las empresas de seguridad privada en el Perú operen de manera legal, profesional y contribuyan efectivamente a la seguridad ciudadana en el país.